Caso Petrobras

Caso de Lula da Silva agrava crisis política en Brasil

La crisis política en Brasil escaló un nuevo peldaño durante los últimos días, tras el operativo realizado el viernes pasado por la Policía Federal para llevar a declarar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su supuesta participación en el esquema de sobornos investigado por la justicia brasileña. El fiscal Carlos Fernando Dos Santos acusa al ex mandatario de haber recibido dineros irregulares de parte de empresas constructoras que participaban en la red de corrupción instalada en torno a la compañía  estatal Petrobras, tanto para remodelar una casa de campo en la localidad de Atibaia y un triplex en la playa de Guarujá como en calidad de donaciones. Según el fiscal, el ex presidente brasileño se benefició directamente de ese esquema de corrupción que habría desviado al menos US$ 2.500 millones entre 2004 -un año después de su llega al poder- y 2012.

La medida contra Lula se produjo luego de una serie de hechos que han acelerado la investigación que lleva adelante el juez federal Sergio Moro, como la reciente detención del ex publicista de Dilma Rousseff, Joao Santana y su esposa -quien entregó las primeras evidencias de aportes a campañas fuera de Brasil- y el acuerdo al que habría llegado con la justicia el ex líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Delcidio do Amaral, a cambio de beneficios. Incluso el ex presidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y el propietario de la empresa Odebrecht, Marcelo Odebrecht -actualmente en prisión preventiva por su eventual rol en el esquema de pago de sobornos- mostraron su disposición a colaborar con la justicia lo que, según diversos analistas brasileños, podría producir un salto cualitativo en la investigación que lleva adelante el juez Moro.

El caso del ex presidente Lula da Silva, al margen de los cuestionamientos sobre la forma en que se llevó a cabo el procedimiento, revela la magnitud que ha alcanzado la crisis política en ese país. Hasta hace un par de años, el ex mandatario seguía gozando de altos niveles de popularidad y aparecía como una carta segura para suceder a la actual presidente Dilma Rousseff en 2018. Sin embargo, hoy es sindicado como una de los principales sospechosos del masivo esquema de corrupción y un 50% de los brasileños señala que “de ninguna manera” votaría por él en la próxima elección presidencial. La situación viene, además, a agravar el escenario que enfrenta la actual mandataria brasileña en momentos en que el Supremo Tribunal Federal debe definir el proceso para llevar adelante el impeachment en la Cámara de Diputados.

En este escenario, es responsabilidad de las principales autoridades del país velar por que las instituciones funcionen y dejar que la justicia determine las eventuales responsabilidades del ex mandatario y de los demás involucrados en el esquema de soborno. Cuestionar la validez de las decisiones judiciales y denunciar una persecución política contra el ex mandatario, como hizo la presidenta Rousseff, en nada contribuye a contener los efectos de la crisis que vive el país. En momentos en que el sistema político brasileño sufre una profunda pérdida de confianza que agrava la severa crisis económica que afecta al país, la clase dirigente debe velar porque el sistema judicial funcione correctamente y no contribuir a instalar sospechas sobre su autonomía.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2016/03/894-671298-9-caso-de-lula-da-silva-agrava-crisis-politica-en-brasil.shtml